El Estado Español es una excepción respecto a las concesiones del servicio de agua en el continente europeo y en el mundo. En España, el 55% del servicio de abastecimiento y saneamiento se encuentra en manos privadas, al lado de la media del 30% en Europa y el 10% en todo el mundo. Sin duda, la fuerza del negocio y el rendimiento económico está muy por encima de la consideración del agua como un derecho y un bien común de la sociedad que, como tal, debe tratarse y ofrecerse a todos los ciudadanos como un servicio y no una mercancía.
El caso español es el resultado del final de la burbuja inmobiliaria, que ha llevado a muchas empresas procedentes de la construcción a subirse al tren del negocio del agua como nueva vía de generación de ingresos. Constructoras como FCC, que acumula el 89% del mercado nacional, y otras como la francesa SUEZ (a través de AGBAR y otras filiales), se llevan prácticamente todo el ‘pastel’ del agua en España y el sur de Europa.
La forma de conseguir las concesiones no tiene ningún secreto, pues las empresas privadas que más pagan reciben la adjudicación para explotar el servicio. El llamado canon concesional es la herramienta perfecta para dar concesiones a diestro y siniestro, con un control total del servicio por parte de la empresa privada. En Galicia, Cantabria o Asturias están en marcha investigaciones por sobornos a cargos públicos para conseguir concesiones, así como a cargos del Estado por favorecerlas.
En muchos casos, se exhibe la bandera de la gestión mixta, con participación pública y privada, para ocultar una gestión 100% privada en la que la participación municipal no es real.
Además, los expertos indican que la búsqueda del máximo beneficio por parte del sector privado repercute directamente en un peor servicio y calidad del agua y en un encarecimiento del precio de la factura para los ciudadanos.
La entidad Aigua és Vida ha determinado que el incremento del precio del agua en Catalunya en los modelos de gestión privada es del 25%. En la ciudad de Huelva, un estudio de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y saneamiento (Aeopas) indica que, desde la privatización del servicio, el precio ha subido un 85%.
Afortunadamente, cada año son más los municipios que recuperan la gestión pública del servicio. En 2014 fueron 180 localidades en España. Ciudades europeas como París también cuentan con una gestión pública del agua, y otras como Berlín, Nápoles, Yakarta, Londres o Barcelona ya han reducido el precio del agua con la actuación de sus ayuntamientos y de entidades del sector, que apuestan por la municipalización.
Hay que mirar adelante bajo esta perspectiva positiva y seguir luchando por un derecho, un bien común y un servicio público que debe ser accesible para todos, en igualdad de condiciones. Solo así el agua dejará de ser un negocio para ser un servicio real.
Vía: Ultimocero.com
Foto: Axel en Flickr
